Definición y alcances del Concepto Jurídico de Funcionario Público a la luz del Artículo 425º del Código Penal Peruano

Resumen

El legislador nacional, primigeniamente, al momento de establecer el Código Penal peruano de 1991, no vio la necesidad de regular de forma extensiva la categoría jurídica de funcionario y servidor público dentro de la gama de los delitos, en los cuales, estos eran pasibles de responsabilidad por su condición de tal. Situación que, debido a la praxis judicial, fue enmendada hasta en dos ocasiones, siendo la reforma del 2013, la que materializó un vasto inventario de categorías que determinan – para el derecho penal – cuando nos encontramos frente a un funcionario o servidor estatal. Sin embargo, esta delimitación resulta un tanto abierta y, muchas veces, problemática al momento de establecer un título de imputación respecto del infractor de la ley. En tal sentido, el objetivo principal del presente artículo se delimita en la necesidad de determinar un concepto claro y preciso - bajo el marco de la teoría actualmente vigente - respecto de lo que, en nuestro sistema jurídico penal consideramos como trabajador público, así como su consideración dentro del análisis de su intervención delictiva especial, y de los terceros implicados que no dotan de dicha calidad. Para tales efectos, hemos utilizado un método dogmático-jurídico a fin de, tras el análisis de la norma vinculante, desarrollar una noción clara de lo que se considera en la actualidad como funcionario y servidor público.